Vivir en resistencia: el crimen amparado por un Estado ausente desgarra al territorio indígena en la Amazonía
- generacionesperanz5
- 5 may
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Publicado: 5/5/2026. Cochabamba, Bolivia.
Redacción: Janeth Chura / AJNAB
Reportera y fuente: Yvette Sierra Praeli / Mongabay Latam
El día a día de las comunidades amazónicas en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela se traduce en una constante resistencia. Lejos de asumirse únicamente como víctimas, los pueblos indígenas han convertido la defensa de su territorio y su forma de vida en una lucha activa y constante. A través de organizaciones propias, denuncias públicas y alianzas con instituciones, mantienen viva una resistencia que busca frenar el avance del crimen y la ausencia estatal, reafirmando su derecho a existir y proteger la Amazonía.
El lunes 20 de abril en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (ONU) realizado en Nueva York, Estados Unidos se presentó el informe denominado Amazonía bajo asedio: cómo el crimen y la militarización amenazan a los pueblos indígenas, el documento fue elaborado por Amazon Watch con la participación de 15 organizaciones indígenas de cinco países amazónicos y una red de periodistas e investigadores independientes.
El reporte indica que dentro de los principales problemas en estos territorios están la trata de personas, la minería aurífera, el crimen organizado y la tala ilegal, además de registrar numerosos actos de violencia que, como consecuencia, desde el 2012, se ha registrado al menos a 296 defensores asesinados en la Amazonia, siendo Colombia y Brasil los países más peligrosos, para quien defiende territorios indígenas.
En la región del Putumayo, Colombia —zona fronteriza con Ecuador y Perú—, según el documento, los territorios de pueblos indígenas se han convertido en un punto estratégico para las economías ilegales. Este espacio es clave en la cadena de producción y tráfico de cocaína, lo que ha propiciado la presencia de diversos grupos armados como los "Comandos de la Frontera", el "Frente Carolina Ramírez" y el "Frente Raúl Reyes". La convergencia de estas estructuras no solo intensifica la violencia, sino que también debilita el control territorial de las comunidades indígenas, afectando su seguridad y gobernanza al igual que sus formas de vida tradicionales.
En el caso de Ecuador, el informe afirma que la situación de la Nacionalidad Kichwa del Napo refleja una dinámica similar. Este territorio enfrenta una creciente expansión de la minería ilegal de oro, mientras que sus ríos funcionan como rutas estratégicas para múltiples economías ilícitas, incluyendo el narcotráfico, la extracción ilegal de madera y otras actividades vinculadas al crimen organizado. En este contexto, operan estructuras criminales como "Los Lobos" y "Los Choneros", cuya presencia ha incrementado la presión sobre los recursos naturales y ha profundizado la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, tanto en términos ambientales como sociales.
Otro caso emblemático se registra en el sur de Venezuela, donde los territorios ancestrales de pueblos como los Pemón, Kariña, Akawayo, Piaroa y Warekena se encuentran en el centro de una creciente presión extractiva. Esta región, rica en minerales estratégicos como oro y coltán, ha sido absorbida por dinámicas ilegales que la han transformado en un núcleo de economías ilícitas. La expansión de la minería —especialmente en el llamado Arco Minero del Orinoco— ha traído consigo no solo graves impactos ambientales, como la deforestación y la contaminación por mercurio, sino también una fuerte presencia de actores armados irregulares. Entre ellos destacan el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes disputan el control de estas economías ilegales y de los territorios indígenas, situación que ha derivado en desplazamientos, violencia y una crisis socioambiental que amenaza tanto la supervivencia de estas comunidades como la estabilidad de uno de los ecosistemas más biodiversos de la región.
Sin embargo, según Raphael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch y coautor del informe, advierte que las políticas estatales basadas en la militarización para enfrentar al crimen organizado han mostrado reiterados fracasos. En muchos casos, la intervención de los gobiernos no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava exponencialmente debido que al recurrir a la represión y al control territorial, terminan generando nuevas formas de violencia en lugar de favorecer o tan siquiera defender a los pueblos indígenas.
En el informe, se destaca también la situación del pueblo indígena Munduruku, en Brasil, cuyo territorio se ha convertido en la última década en uno de los principales epicentros de la minería ilegal de oro. La presencia de organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) ha intensificado la violencia y el control sobre la región, generando graves impactos ambientales y sociales. La deforestación, la contaminación con mercurio en los ríos y las amenazas contra líderes indígenas forman parte de un escenario que pone en riesgo la supervivencia cultural y física de esta comunidad.
Un segundo caso documentado se ubica en la frontera entre Brasil y Perú, donde los pueblos indígenas del territorio transfronterizo Yuruá–Jurúa–Alto Tamaya enfrentan un panorama igualmente crítico. Allí, la expansión de economías ilícitas se manifiesta en el narcotráfico, el establecimiento de pistas clandestinas, el cultivo de coca y la tala ilegal que avanza sobre áreas de alta biodiversidad. Estas actividades no solo destruyen el bosque amazónico, sino que también incrementan la vulnerabilidad de comunidades en contacto inicial y de pueblos organizados que han denunciado invasiones y violencia en los últimos años.
En todos los casos, se subraya que la Amazonía se ha convertido en un espacio de disputa entre pueblos indígenas que buscan defender sus territorios y redes criminales transnacionales que lucran con la explotación ilegal de recursos. La falta de respuestas efectivas por parte de los Estados agrava la situación, dejando a las comunidades expuestas a la violencia, la pérdida de sus medios de vida y la amenaza constante de desaparición cultural.
Ante esta situación urgente, especialistas y organizaciones indígenas coinciden en que la salida no pasa por más militarización, sino por fortalecer la autonomía de los pueblos. La titulación de tierras, el uso de tecnologías de monitoreo satelital, la creación de alternativas económicas sostenibles y la cooperación internacional son medidas urgentes para frenar la minería ilegal, el narcotráfico y la tala indiscriminada. Estas acciones buscan garantizar seguridad jurídica, proteger la biodiversidad y, sobre todo, salvaguardar la vida y la cultura de las comunidades que habitan en la Amazonía.
AJNAB – Agencia Juvenil de Noticias Ambientales Bolivia
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