Gobierno diseña un nuevo Código Minero sin convocar a pueblos indígenas ni defensores ambientales
- generacionesperanz5
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Publicado: 11/8/2026. Cochabamba, Bolivia.
Redacción: Iván Paredes Tamayo/ Mongabay Latam
Edición: Gabriela Rodriguez / AJNAB
El gobierno de Rodrigo Paz avanza en el diseño de un nuevo marco legal para el sector a través de la Cumbre Nacional Minera. El evento, que arrancó entre tropiezos y tensiones, prevé culminar en octubre con la redacción de un nuevo Código Minero. Sin embargo, la iniciativa enfrenta duras críticas: ni los pueblos indígenas quienes denuncian ser los más afectados por la contaminación de ríos debido a la minería aurífera ni los defensores ambientales fueron convocados por el Ejecutivo.
Desde la Cámara de Diputados ya advierten que no recibirán ni aprobarán la propuesta si no se socializa previamente con las organizaciones indígenas, ambientales y políticas del país.
Un arranque convulso y participación exclusiva
Aunque los trabajos preliminares iniciaron en diciembre de 2025, la cumbre se inauguró formalmente el pasado 22 de julio tras varias postergaciones debidas a la falta de consenso con el sector cooperativista. Aunque inicialmente se planificó para durar una semana, se optó por estructurar mesas de trabajo continuas sobre seis ejes: seguridad jurídica, institucionalización, comercialización, lucha contra la minería ilegal, ambiente y minería responsable, y contratos mineros.
Pese a la inclusión de la mesa ambiental, la participación está restringida a la minería estatal, cooperativas, empresas privadas e instituciones públicas.
Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), cuestionó que el Ejecutivo reduzca los actores del debate únicamente a los operadores del sector:
“El eje ambiental es solo un discurso del Gobierno. Buscan dialogar un nuevo código únicamente con actores mineros y no con quienes podemos aportar desde la perspectiva de los graves impactos ambientales y contra la salud pública que genera la minería aurífera”, reclamó Alipaz. La lideresa advirtió además que el uso de tóxicos como mercurio o cianuro no solo envenena el agua, la flora, la fauna y los alimentos, sino que vulnera el derecho al territorio de las naciones indígenas.
Por su parte, el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Calderón, afirmó que en el espacio ambiental se evalúan tecnologías para sustituir progresivamente el mercurio mediante cooperación internacional. Paralelamente, la mesa contra la minería ilegal analiza propuestas como la creación de una sala minera especializada dentro de la justicia ordinaria.
Rupturas internas y reclamos de inclusión
El desarrollo de la cumbre tampoco ha estado exento de pugnas entre los propios mineros. La Federación Nacional de Cooperativas Minerasy de Bolivia (Fencomin) abandonó temporalmente el debate tras la inclusión de dos sectores no reconocidos por su matriz debido a disputas internas.
Pese a ello, Josué Caricari, presidente de Fencomin, aseguró que su sector no se opone a la presencia indígena:
“Sabemos que hay reclamos de los pueblos indígenas y no estamos en contra. Tenemos propuestas para dejar de usar mercurio y migrar a tecnología moderna, pero requerimos apoyo del Estado”, afirmó, condicionando su retorno al reordenamiento de las mesas.
Desde los territorios afectados, la postura es tajante. Guido Alfaro, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), lamentó la exclusión:
“A nosotros no nos llegó ninguna invitación a pesar de ser los más afectados. Invito a las autoridades y al presidente a que vengan a ver cómo las cooperativas destruyen nuestros ríos y contaminan el agua antes de redactar su ley”.
En la misma línea, Alex Villca (Contiocap/CODA) remarcó que antes de un Código Minero se requiere priorizar una Ley de Protección de Cuencas Hídricas y exigió el respeto a la consulta previa, libre e informada en áreas protegidas y territorios originarios.
Reproches técnicos y políticos
Para Héctor Córdova, investigador de Fundación Jubileo, la cumbre adolece de metas claras y comete el mismo error de la normativa vigente:
“Se vuelve a diseñar una ley únicamente 'entre mineros'. Por eso persisten los avasallamientos, la falta de consulta previa y la destrucción de ecosistemas. Además, se omitió convocar a las nueve gobernaciones, municipios y comunidades indígenas”, señaló.
Las cooperativas mineras representan el 58 % de la producción nacional (predominantemente oro) y concentran la mayor fuerza laboral del sector, aunque su aporte fiscal al Estado es mínimo y arrastran serios cuestionamientos por incumplimiento ambiental y presión política.
En la Asamblea Legislativa, la diputada Patricia Patiño (PDC), presidenta de la Comisión de Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente, adelantó que rechazarán el documento final:
“No vamos a aceptar las conclusiones porque no fuimos parte y se están tratando recursos naturales sin los pueblos indígenas. Pediremos formalmente que se reactive el proceso convocándolos”.
En respuesta a las críticas, el viceministro de Medio Ambiente, Jorge Ávila, aseguró a medios locales que la variable ambiental y la participación indígena formarán parte de la norma, aunque sostuvo que los impactos de la minería “afectan a todas las comunidades del país y no únicamente a los pueblos indígenas”.
El futuro del nuevo Código Minero en Bolivia permanece en la incertidumbre mientras el Gobierno priorice la negociación directa con los sectores extractivos sobre el consenso social. Mientras las cooperativas presionan por mantener sus privilegios operativos y el Ejecutivo intenta articular una ley sin la participación de las comunidades afectadas ni de las gobernaciones regionales, la propuesta nace con una profunda falta de legitimidad. Sin la inclusión efectiva de los pueblos indígenas, el respeto a la consulta previa y un marco riguroso de protección ambiental, cualquier normativa aprobada no solo arriesga ser frenada en la Asamblea Legislativa, sino también profundizar la conflictividad social y el deterioro ecológico en los territorios más vulnerables del país.
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