Acuerdo de Escazú: la llave para la gobernanza y la democracia ambiental en Bolivia
- generacionesperanz5
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NOTA DE FONDO
Publicado: 1/8/2026. Cochabamba, Bolivia.
Redacción: Rodrigo Meruvia / AJNAB
Edición: Nandy Romero / AJNAB
Los efectos del cambio climático, la creciente presión sobre los recursos naturales y el aumento de los conflictos asociados al uso del territorio han evidenciado la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza ambiental en América Latina. Durante las últimas décadas, numerosos conflictos socioambientales han demostrado que muchas decisiones públicas continúan siendo adoptadas con niveles insuficientes de información, limitada participación ciudadana y mecanismos de justicia ambiental poco accesibles.
Frente a este panorama, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, constituye uno de los avances jurídicos más relevantes alcanzados por la región.
Adoptado en Costa Rica en 2018 y vigente desde 2021, el Acuerdo de Escazú representa el primer tratado ambiental latinoamericano y el primero en el mundo que incorpora obligaciones específicas para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
En este marco, Bolivia ratificó el tratado mediante la Ley No. 1182, reafirmando su compromiso con los principios de transparencia, participación y justicia ambiental. Sin embargo, la ratificación constituye únicamente el punto de partida ya que el verdadero desafío consiste en convertir estos compromisos internacionales en políticas públicas, mecanismos institucionales y prácticas cotidianas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos ambientales por parte de toda la ciudadanía.
En este contexto, la implementación del Acuerdo de Escazú debe entenderse como una oportunidad para fortalecer la democracia ambiental, prevenir conflictos, promover la transparencia y construir un modelo de desarrollo sostenible sustentado en la participación activa de todos los sectores de la sociedad.
El Acuerdo de Escazú y la democracia ambiental
Es importante rescatar que el Acuerdo de Escazú reconoce que el desarrollo sostenible solamente puede alcanzarse cuando las personas tienen acceso oportuno a la información ambiental y así poder participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus territorios además de contar con mecanismos efectivos para exigir justicia cuando sus derechos son vulnerados.
En función a ello se conocen tres principios o derechos de acceso como base de la democracia ambiental: el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Sin embargo, a los mismos se incorpora un cuarto elemento innovador: la protección de las personas defensoras del ambiente, reconociendo el contexto de vulnerabilidad que enfrentan numerosos líderes comunitarios, pueblos indígenas, periodistas, investigadores y organizaciones ambientales en la región.
El Acuerdo no crea nuevos derechos, sino que fortalece y operacionaliza derechos ya reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos y en diversas constituciones nacionales, promoviendo así estándares mínimos comunes para todos los Estados Parte.
Bolivia frente al desafío de la implementación
La ratificación del Acuerdo mediante la Ley No. 1182 representó un importante compromiso político del Estado boliviano, pero sin embargo, aún persisten desafíos para lograr una implementación integral y efectiva, dentro de los cuales se encuentran: fortalecer los mecanismos nacionales de acceso a información ambiental, mejorar los procedimientos de participación pública, fortalecer el acceso efectivo a la justicia ambiental, consolidar mecanismos de protección para personas defensoras ambientales, desarrollar capacidades institucionales en todos los niveles del Estado y el poder promover una cultura de transparencia y diálogo.
Por otra parte, su implementación requiere además una adecuada coordinación entre ministerios, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, el sistema judicial, universidades, pueblos indígenas, organizaciones sociales y una sociedad civil organizada. Pero no se trata únicamente de adecuar normas jurídicas, sino de transformar la manera en que se toman las decisiones ambientales en el país.
La necesidad de construir una Hoja de Ruta Nacional
Uno de los principales desafíos que enfrenta Bolivia para materializar los compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo de Escazú es la construcción e implementación de una Hoja de Ruta Nacional, concebida como un instrumento estratégico que oriente, articule y coordine las acciones del Estado para garantizar el cumplimiento progresivo de las obligaciones derivadas del tratado.
Pero, más que un documento de planificación, esta hoja de ruta debe constituirse en un mecanismo de gobernanza que permita alinear los esfuerzos de las instituciones públicas, los gobiernos subnacionales, la sociedad civil, la academia y los organismos de cooperación internacional en torno a una agenda común para el fortalecimiento de la democracia ambiental.
La elaboración de esta hoja de ruta solo representa una oportunidad para establecer una visión compartida sobre la implementación del Acuerdo, sino que tambien permite definir prioridades, metas y responsabilidades que faciliten la articulación interinstitucional y el seguimiento de sus avances.
En este sentido, el proceso debe contemplar, al menos, la definición de objetivos estratégicos, la asignación clara de responsabilidades institucionales, un cronograma de implementación con metas a corto, mediano y largo plazo, indicadores de seguimiento y evaluación, mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas, estrategias de financiamiento sostenible y espacios permanentes de participación ciudadana que aseguren la continuidad del proceso.
Sin embargo, la eficacia de la hoja de ruta no dependerá únicamente de la calidad técnica de su contenido, sino también de la legitimidad del proceso mediante el cual se construya. En coherencia con los principios del propio Acuerdo de Escazú, su elaboración debe desarrollarse a través de un proceso abierto, transparente, inclusivo e intercultural, que garantice la participación efectiva de todos los actores involucrados en la gestión ambiental, y ello implica incorporar las perspectivas y experiencias de pueblos indígena originarios campesinos, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres, universidades, centros de investigación, colegios profesionales, el sector privado, gobiernos autónomos departamentales y municipales, así como de las instituciones del nivel central del Estado.
Asimismo, la construcción de la hoja de ruta también debe reconocer y aprovechar las capacidades, experiencias y buenas prácticas que diversos actores ya vienen desarrollando en el país para promover los derechos de acceso establecidos en el Acuerdo de Escazú. En este marco, la articulación con plataformas como la Alianza Intergeneracional Boliviana por el Acuerdo de Escazú (AIBAE), permitirá enriquecer el proceso mediante la incorporación de conocimientos técnicos, experiencias territoriales y propuestas surgidas desde la ciudadanía organizada.
Es por eso que, resulta indispensable que la hoja de ruta establezca un mecanismo permanente de seguimiento y evaluación participativa, que además permita medir periódicamente los avances alcanzados, identificar desafíos emergentes y realizar los ajustes necesarios para garantizar la implementación efectiva del tratado. Y si, la apropiación social de este instrumento será tan importante como su contenido, ya que será un proceso construido con amplia participación ciudadana que genere no solo legitimidad, sino también un compromiso institucional y la corresponsabilidad necesaria para consolidar una verdadera democracia ambiental en Bolivia.
La sociedad civil como protagonista de la implementación
Es importante entender que, antes incluso de que existieran procesos institucionales orientados a la construcción de una hoja de ruta nacional, numerosas organizaciones ambientales, universidades, centros de investigación, colectivos juveniles, organizaciones indígenas, instituciones de derechos humanos y organismos de cooperación internacional desarrollan actividades de difusión, capacitación e incidencia política que promueven el conocimiento del Acuerdo.
En torno a ello, durante los últimos años se han realizado seminarios nacionales, talleres de formación, investigaciones académicas, publicaciones especializadas, campañas de comunicación, procesos de sensibilización ciudadana y espacios de diálogo entre instituciones públicas y organizaciones sociales. Todos esos esfuerzos han permitido que el Acuerdo de Escazú deje de ser percibido únicamente como un tratado internacional y se convierta progresivamente en una herramienta para fortalecer la gobernanza ambiental desde los territorios.
Por otra parte, la sociedad civil también ha desempeñado un papel fundamental en la vigilancia del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia, promoviendo la transparencia institucional y generando propuestas orientadas a fortalecer las políticas públicas ambientales.
Asimismo, las organizaciones sociales han impulsado procesos de educación ambiental dirigidos a comunidades rurales, pueblos indígenas originarios campesinos, estudiantes universitarios, periodistas, operadores de justicia y servidores públicos, contribuyendo a democratizar el conocimiento sobre los derechos de acceso reconocidos por el Acuerdo. Esta labor ha permitido construir capacidades locales indispensables para que la ciudadanía pueda ejercer efectivamente sus derechos ambientales y participar de manera informada en la toma de decisiones.
La Alianza Intergeneracional Boliviana por el Acuerdo de Escazú (AIBAE)
Dentro de este proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana destaca la creación de la Alianza Intergeneracional Boliviana por el Acuerdo de Escazú (AIBAE), una plataforma nacional que representa una de las experiencias más relevantes de articulación multisectorial en torno a la implementación del tratado, y que surge como un espacio de convergencia entre organizaciones de la sociedad civil, organizaciones juveniles, centros de investigación, colectivos ambientales, redes de derechos humanos e instituciones comprometidas con la promoción de la democracia ambiental en Bolivia.
Su principal fortaleza radica en haber construido un diálogo permanente entre generaciones, reconociendo que la protección del ambiente requiere integrar la experiencia de líderes sociales, académicos y profesionales con la energía, la creatividad y la innovación de las juventudes.
Desde su conformación, la AIBAE ha impulsado procesos de sensibilización, formación, incidencia política y generación de conocimiento sobre el Acuerdo de Escazú, y ha promovido a su vez encuentros nacionales, espacios de diálogo con instituciones públicas, campañas de comunicación, elaboración de propuestas de políticas públicas y participación en procesos regionales impulsados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Uno de sus aportes más importantes ha sido fortalecer la apropiación social del Acuerdo, acercando sus principios a comunidades, estudiantes, organizaciones sociales y gobiernos locales mediante metodologías participativas y procesos de educación ambiental.
Es así que, la AIBAE también promueve una visión amplia de la democracia ambiental, incorporando enfoques de interculturalidad, equidad de género, derechos de las juventudes, justicia climática y participación territorial. Su trabajo ha demostrado que la implementación del Acuerdo no depende exclusivamente de las instituciones públicas, sino mas bien requiere de una alianza permanente entre Estado, academia, sociedad civil, cooperación internacional, comunidades y sector privado.
Asimismo, sus acciones también han contribuido a posicionar la necesidad de fortalecer la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, promoviendo el reconocimiento del trabajo que realizan líderes comunitarios, pueblos indígenas, periodistas, investigadores y organizaciones ambientales que contribuyen diariamente a la conservación de los ecosistemas y la defensa del interés público.
Por eso, más allá de las actividades desarrolladas, hoy la AIBAE se constituye como un referente nacional de articulación multisectorial que puede convertirse en un aliado estratégico para la construcción, implementación y seguimiento de la futura Hoja de Ruta Nacional del Acuerdo de Escazú.
El rol de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo ha desempeñado un papel estratégico en la promoción del Acuerdo de Escazú en Bolivia, ya que, en el marco de su mandato constitucional de protección y promoción de los derechos humanos, también ha impulsado espacios de diálogo, actividades de difusión, procesos de capacitación, acciones de incidencia institucional orientadas a fortalecer el conocimiento y la aplicación de los derechos de acceso reconocidos por el tratado.
En los últimos años, la Defensoría ha promovido mesas de trabajo con instituciones públicas, organizaciones sociales, universidades y organismos internacionales, orientadas a construir consensos sobre la implementación del Acuerdo y la necesidad de desarrollar una Hoja de Ruta Nacional participativa.
Asimismo, ha contribuido a incorporar el enfoque de derechos humanos en la gestión ambiental, promoviendo que las decisiones relacionadas con el ambiente consideren de manera prioritaria la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, donde su liderazgo constituye una oportunidad para consolidar un mecanismo nacional de seguimiento que permita evaluar periódicamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por Bolivia.
Aprendizajes regionales
La experiencia latinoamericana comienza con países como Chile que ha impulsado una Estrategia Nacional de Implementación construida mediante consultas públicas, fortaleciendo plataformas digitales de acceso a la información ambiental y promoviendo la participación de diversos actores sociales. En el caso de Colombia, tras el control de constitucionalidad y la incorporación del tratado a su ordenamiento jurídico, ha avanzado en la articulación del Acuerdo con políticas de protección de personas defensoras del ambiente y con instrumentos de paz territorial y Costa Rica, país donde fue adoptado el tratado, ha fortalecido mecanismos institucionales de transparencia ambiental y procesos de diálogo multisectorial, consolidando una cultura de acceso a la información y participación pública.
Todas estas experiencias evidencian que la implementación del Acuerdo es más efectiva cuando se construye con voluntad política, coordinación institucional y mediante procesos abiertos, colaborativos y con una amplia participación de la ciudadanía.
Recomendaciones de política pública para Bolivia
En cuanto a Bolivia, el trabajo está en proceso pero con base en los avances y desafíos identificados, se propone la siguiente lista de acciones prioritarias:
Aprobar una Hoja de Ruta Nacional de Implementación mediante un proceso ampliamente participativo.
Institucionalizar un mecanismo permanente de seguimiento con representación del Estado, sociedad civil, academia, pueblos indígenas y juventudes.
Fortalecer los sistemas de información ambiental mediante plataformas abiertas, interoperables y de fácil acceso.
Garantizar procesos de participación pública desde las etapas tempranas de planificación y evaluación ambiental.
Diseñar un mecanismo nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Incorporar el Acuerdo de Escazú en los programas de formación de servidores públicos, operadores de justicia y gobiernos subnacionales.
Promover programas permanentes de educación ambiental y alfabetización jurídica sobre los derechos de acceso.
Fortalecer el papel de universidades y centros de investigación como generadores de evidencia científica para la toma de decisiones.
Reconocer formalmente el aporte de plataformas como la Alianza Intergeneracional Boliviana por el Acuerdo de Escazú (AIBAE) y otras organizaciones de la sociedad civil en la implementación y seguimiento del tratado.
Crear un sistema nacional de indicadores para evaluar periódicamente el cumplimiento del Acuerdo, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.
Por eso se debe destacar que Bolivia cuenta con una oportunidad histórica para convertir el Acuerdo de Escazú en una verdadera política pública de Estado que fortalezca la democracia ambiental y contribuya a un desarrollo más sostenible, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.
La ratificación del tratado mediante la Ley N.º 1182 fue un paso fundamental, sin embargo, el reto actual consiste en avanzar hacia una implementación efectiva que trascienda el ámbito normativo y se traduzca en cambios concretos de la gestión pública, la toma de decisiones y la relación entre el Estado y la ciudadanía.
La construcción participativa de una Hoja de Ruta Nacional no solo representa una oportunidad para consolidar una visión compartida sobre la gobernanza ambiental del país sino que también dicho proceso debe reconocer el aporte de las instituciones públicas, la academia, los pueblos indígenas originarios campesinos, las organizaciones juveniles, el sector privado y, especialmente, el de las organizaciones de la sociedad civil que durante años han impulsado la difusión y apropiación del Acuerdo de Escazú.
Situación que ya se ha visto en el trabajo desarrollado por la AIBAE, que demostró que la colaboración entre generaciones y sectores constituye una condición indispensable para fortalecer la democracia ambiental y construir soluciones colectivas frente a los desafíos del desarrollo sostenible, y también en el liderazgo de la Defensoría del Pueblo que ha contribuido a posicionar la implementación del Acuerdo como una agenda de derechos humanos, favoreciendo el diálogo interinstitucional y la construcción de consensos.
En conclusión, el éxito del Acuerdo de Escazú en Bolivia dependerá, fundamentalmente, de la capacidad del país para consolidar instituciones más transparentes, fortalecer la participación ciudadana, garantizar el acceso efectivo a la justicia y reconocer que la protección del ambiente constituye un requisito indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos y para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
AJNAB – Agencia Juvenil de Noticias Ambientales Bolivia
Fuentes consultadas
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe. https://observatoriop10.cepal.org
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2026). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe: Guía de implementación. Naciones Unidas
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). Santiago de Chile.
Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP). Decisiones y lineamientos sobre implementación y fortalecimiento de capacidades.
Defensoría del Pueblo de Bolivia. (2025). Proceso de construcción de la Hoja de Ruta Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú.
Estado Plurinacional de Bolivia. Ley N.º 1182, de 4 de septiembre de 2019, de Ratificación del Acuerdo de Escazú.
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