Entre el bosque y la soya: la disputa por el futuro de la Chiquitania
Publicado: 19/08/2026
Redacción AJNAB: Alejandra Mariaca Chambi
Edición: Gabriela Rodriguez
El 31 de julio de 2026 quedará marcado en la memoria de la Chiquitania. Ese día, en San Ignacio de Velasco, autoridades nacionales y representantes del estado brasileño de Mato Grosso firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para iniciar los estudios del proyecto vial San Ignacio de Velasco (Marfil) Límite con Brasil. El encuentro reunió a más de 50 empresarios vinculados a los sectores de infraestructura, agronegocios, energía y servicios.
Por ahora, no hay asfalto, financiamiento asegurado ni una decisión definitiva sobre la construcción. Lo que existe es el primer paso para una carretera de aproximadamente 148 kilómetros que conectaría la Red Vial Fundamental de Bolivia con la red caminera de Mato Grosso.
Para quienes impulsan el proyecto, la vía representa una oportunidad estratégica: permitiría reducir entre un 20% y un 30% los costos de transporte hacia los puertos del Pacífico y facilitaría el acceso a los mercados asiáticos. Para comunidades locales y organizaciones defensoras de la Tierra, es todo lo contrario, la propuesta despierta preocupación por sus posibles impactos sobre los bosques y los medios de vida de la población.
Una carretera en un territorio bajo presión
El temor de las organizaciones ambientales se produce en un territorio que ya enfrenta una fuerte presión sobre sus bosques.
San Ignacio de Velasco concentra apenas el 6,2% de los bosques nacionales, pero entre 2021 y 2023 concentró el 15,2% de la deforestación total del país. Durante ese periodo, el municipio perdió 165.049 hectáreas de bosque. La situación se agravó en 2024: según la Fundación Tierra, más de 1,4 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios forestales en el municipio.
En este contexto aparece también el nombre de Eraí Maggi Scheffer, propietario del grupo Bom Futuro y conocido como el “rey de la soya”. Medios especializados como AgFeed, replicados por CNN Brasil Money, reportaron que Maggi habría adquirido entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la Chiquitania. El empresario ha comparado a Bolivia con el Mato Grosso de décadas pasadas, cuando esa región se encontraba en plena expansión de su frontera agrícola.
Desde la mirada de quienes alertan sobre la expansión agrícola, esta comparación genera preocupación. El escenario podría reproducir un modelo basado en el monocultivo extensivo, la alta mecanización y la concentración de tierras, en un territorio donde los bosques ya enfrentan una creciente presión.
Bosque o monocultivo: dos modelos frente a frente
Más allá de la carretera, el debate plantea una pregunta de fondo: ¿Qué modelo económico puede sostener el territorio en el largo plazo?
Los datos económicos muestran diferencias entre la producción de soya y las actividades que aprovechan los recursos del bosque sin eliminarlo. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Productivo, la soya en la Chiquitania registra un rendimiento promedio de entre 2,14 y 2,27 toneladas por hectárea. Sin embargo, sus costos de producción oscilan entre 750 y 1.050 dólares por hectárea, dejando un margen neto estimado de entre 150 y 350 dólares por hectárea, que suele concentrarse en grandes consorcios.
La apicultura plantea otro escenario. Experiencias documentadas por la FAO, como la de la asociación APROVE, muestran que una colmena bien manejada puede generar alrededor de 200 dólares anuales. Con una densidad de tres colmenas por hectárea de bosque en pie, el ingreso bruto podría alcanzar los 600 dólares por hectárea. Si se incorporan certificaciones orgánicas y precios diferenciados para mercados especializados, los ingresos pueden superar los 1.000 dólares por hectárea.
La diferencia no está únicamente en los ingresos. Mientras la expansión agrícola implica la transformación del territorio, la apicultura puede desarrollarse manteniendo el bosque en pie y generando ingresos para las familias locales.
Pero incluso esta alternativa enfrenta amenazas. La deriva de agroquímicos provenientes de plantaciones cercanas puede afectar gravemente a los apiarios. Por ello, organizaciones comunitarias plantean la necesidad de establecer zonas de exclusión de fumigación, una medida que todavía no cuenta con un respaldo legal explícito en el país.
El costo que no aparece en el precio de la carretera
La presión sobre la Chiquitania no solo afecta a los bosques. También alcanza a uno de los recursos más importantes para las comunidades: el agua.
Datos de monitoreo ambiental señalan que la extensión de los cuerpos de agua en el municipio de San Ignacio de Velasco se redujo en un 71,5% desde 1985. Uno de los episodios más críticos ocurrió en 2021, cuando la represa del Guapomó, principal fuente de agua para más de 30.000 habitantes, se secó por completo. Ante la crisis, el gobierno municipal llegó a declararse en desastre por sequía al menos cinco veces durante los últimos seis años.
Estos antecedentes plantean un desafío para cualquier nuevo proyecto de infraestructura en la región. Una carretera no solo implica conectar territorios: también puede modificar las dinámicas económicas, productivas y ambientales de las zonas que atraviesa.
Bolivia dio un paso en materia de protección ambiental al declarar una pausa ambiental ecológica mediante el Decreto Supremo N.º 5225, en septiembre de 2024. Sin embargo, las comunidades locales consideran que todavía son necesarias regulaciones específicas para los trazados carreteros que eviten desmontes descontrolados en los márgenes de las nuevas vías.
¿Qué futuro abrirá la carretera?
La carretera San Ignacio de Velasco–Marfil–Límite con Brasil todavía se encuentra en una etapa inicial. No existe aún una carretera construida ni financiamiento asegurado. Pero el inicio de los estudios ya abre un debate sobre el futuro de uno de los territorios más importantes de Bolivia.
La pregunta que queda sobre la mesa es si este corredor vial puede convertirse en una ruta de desarrollo que beneficie a las comunidades sin profundizar la presión sobre los ecosistemas, o si terminará facilitando una expansión agrícola que acelere la pérdida de bosques.
El desafío estará en establecer reglas claras antes de que el asfalto llegue. Proteger el bosque en pie, las abejas, el agua y los medios de vida locales no significa necesariamente oponerse al desarrollo de infraestructura; significa preguntarse qué tipo de desarrollo necesita la Chiquitania y quiénes se beneficiarán de él.
Sin esas garantías, existe el riesgo de que una carretera pensada para conectar territorios termine desconectando a las comunidades de los recursos que sostienen su vida.
AJNAB – Agencia Juvenil de Noticias Ambientales Bolivia
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